El fin de la ayuda de USAID pone en jaque la frágil paz en Colombia
La decisión del gobierno de Trump de cortar la asistencia de USAID amenaza la implementación del acuerdo de paz y deja a miles sin apoyo en zonas vulnerables
Bogotá, Colombia.
Cuando en 2016 Colombia firmó el histórico acuerdo de paz con las FARC, el país y el mundo celebraron el fin de un conflicto armado de más de medio siglo. Estados Unidos fue uno de los principales aliados en el proceso, invirtiendo miles de millones a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para apoyar la reintegración de excombatientes, promover el desarrollo en zonas rurales y reforzar la institucionalidad. Sin embargo, ese respaldo crucial ha desaparecido.
Durante la administración de Donald Trump, la mayor parte de la ayuda exterior fue recortada, incluyendo la disolución efectiva de la USAID en Colombia. Esta decisión ha puesto en riesgo avances logrados con gran esfuerzo y ha abierto una brecha que grupos armados y criminales están comenzando a aprovechar.
“Eso le da alas a los grupos armados”, advirtió León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación. “Le pueden decir a los reinsertados y a las víctimas: ‘Fíjense, ahí firmaron un acuerdo de paz y no lo cumplen’”.
Desde 2001, USAID había invertido unos 3.900 millones de dólares en Colombia, siendo el país sudamericano que más apoyo recibió. Mientras el Departamento de Estado y el Pentágono enfocaban recursos en la lucha antidrogas, USAID financiaba proyectos de desarrollo alternativo, restitución de tierras y construcción de paz.
El impacto de la retirada ya se siente en terreno. Regiones como el Catatumbo —donde se ha vivido el peor brote de violencia en una generación— han perdido programas vitales. “Hay partes del país en donde están los malos y está USAID”, explicó un excontratista de la agencia. Con la salida de USAID, muchas ONG suspendieron actividades, desde prevención del reclutamiento infantil hasta apoyo psicológico a víctimas.
Uno de los casos más dramáticos es el de Teylor Villegas, líder LGBT de 27 años desplazado de Catatumbo tras un recrudecimiento de la violencia. Su organización, Corporación Pride, perdió un contrato financiado por USAID que rastreaba ataques contra mujeres, jóvenes y minorías. “Siento impotencia. Una organización como la nuestra en este territorio nunca va a ser escuchada”, lamentó Villegas.
La salida de USAID también ha afectado el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de juzgar los crímenes más atroces del conflicto. Aproximadamente el 10 % de su financiamiento externo provenía de Estados Unidos. La pérdida de recursos ralentiza investigaciones clave y obstaculiza el acceso a justicia de miles de víctimas. “Esa cooperación internacional es esencial para descubrir la verdad”, señaló el juez Alejandro Ramelli.
En materia de restitución de tierras, otro pilar del acuerdo, USAID había financiado el mapeo de más de 1,2 millones de hectáreas. En lugares como Cáceres (Antioquia), familias que renunciaron al cultivo de coca a cambio de propiedad legal ahora ven ese proceso congelado. La Agencia Nacional de Tierras admite no tener los fondos necesarios para continuar sin la asistencia estadounidense.
Además, USAID había jugado un papel clave en la atención a los más de 2,8 millones de migrantes venezolanos acogidos por Colombia, contribuyendo a convertir al país en el principal receptor de desplazados por la crisis de Venezuela.
No todos, sin embargo, lamentan la retirada. Algunos sectores conservadores consideran que la ayuda era ineficiente. Y desde la izquierda, voces como la del presidente Gustavo Petro han sido críticas: “Trump tiene razón”, dijo en una transmisión. “Llévese su plata”.
Pero para muchos analistas, la pérdida del apoyo estadounidense representa un giro sísmico. “Es difícil exagerar el gran cambio de paradigma que esto supone para los colombianos”, afirmó Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group. “Es un movimiento tectónico que Estados Unidos no siempre esté ahí”.
Hoy, Colombia enfrenta ocho conflictos armados activos, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en lo que se considera la peor crisis humanitaria desde la firma de la paz. La retirada de USAID, más que un asunto presupuestario, representa una amenaza directa a los cimientos de una paz todavía en construcción.