Bukele se niega a liberar o devolver a EE.UU. a salvadoreño deportado «por error» por el gobierno de Trump
Washington, D.C. – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este lunes desde la Casa Blanca que su gobierno no devolverá ni pondrá en libertad a Kilmar Ábrego García, un ciudadano salvadoreño que fue deportado «por error» por el gobierno de Donald Trump, según admitieron las propias autoridades estadounidenses.
Durante una rueda de prensa conjunta con el expresidente Trump, Bukele fue enfático al rechazar la posibilidad de que Ábrego regrese a Estados Unidos. «¿Cómo puedo devolver a un criminal a Estados Unidos? ¿Meter un terrorista ilegalmente?», respondió el mandatario en inglés, pese a que Ábrego no ha sido acusado formalmente de ningún crimen ni en EE.UU. ni en El Salvador.
Cuando se le preguntó si contemplaba su liberación, Bukele fue tajante: «No somos muy partidarios de liberar terroristas en nuestro país».
Ábrego permanece recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel construida por el gobierno salvadoreño, cuestionada por organizaciones internacionales por supuestos abusos y hacinamiento. Su caso se ha convertido en uno de los más emblemáticos de las deportaciones bajo la administración Trump, que prometió una política de expulsiones masivas en un eventual segundo mandato.
Una deportación contra orden judicial
En 2019, un juez de inmigración estadounidense dictó que Ábrego no debía ser deportado debido al peligro que corría su vida si regresaba a El Salvador. Sin embargo, en marzo de 2024, fue arrestado y deportado tras ser acusado —sin pruebas contundentes— de pertenecer a la pandilla MS-13, algo que siempre negó.
La jueza federal Paula Xinis calificó la deportación como una «violación grave de protección judicial» y ordenó su retorno inmediato a EE.UU. La Corte Suprema ratificó recientemente dicha orden. No obstante, el gobierno de Trump se negó a cumplirla, alegando que ello interferiría en la conducción de la política exterior del país.
Acuerdo bajo lupa
El caso de Ábrego ha puesto en tela de juicio un acuerdo entre EE.UU. y El Salvador para recluir en cárceles salvadoreñas a inmigrantes irregulares y presuntos criminales deportados. Activistas y organizaciones de derechos humanos han denunciado que personas sin antecedentes están siendo encarceladas arbitrariamente.
Según su expediente legal, Ábrego llegó a EE.UU. en 2011 huyendo de amenazas de pandillas. Vivía en Maryland con su hermano ciudadano estadounidense y trabajaba en la industria metalúrgica, presentándose regularmente a sus citas migratorias.
Este episodio tensiona aún más la relación diplomática entre ambos países, especialmente en medio de una campaña electoral en la que las políticas migratorias vuelven a ocupar un lugar central.