Activistas denuncian desapariciones forzadas a horas de la toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela
Organizaciones de la sociedad civil han alertado sobre una preocupante «ola de desapariciones forzadas» en Venezuela, a solo horas de la juramentación presidencial de Nicolás Maduro, prevista para este viernes. Según las denuncias, al menos 19 personas, entre ellas activistas, defensores de derechos humanos y el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, habrían sido detenidas por agentes de seguridad en acciones que aumentan las tensiones políticas en el país.
El Partido Voluntad Popular señaló que Márquez, conocido por sus intentos de mediación política, fue «secuestrado» tras rechazar el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que validó los controvertidos resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Maduro fue declarado ganador.
«Emplazamos a la comunidad internacional a estar alerta ante el recrudecimiento de la persecución y la represión por parte de la dictadura. Esta política de terror es intolerable», publicó Voluntad Popular en X.
La desaparición de Márquez fue confirmada por su esposa, Sonia Lugo, quien denunció que han transcurrido más de 24 horas desde su «secuestro por grupos parapoliciales». Según Lugo, estas acciones reflejan «una peligrosa muestra del cierre total de la libertad en Venezuela».
Otros casos reportados incluyen la desaparición de Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, quien fue interceptado mientras llevaba a sus hijos a la escuela, y la del periodista y defensor de derechos humanos Carlos Correa, director de la organización Espacio Público.
Tensiones en aumento
Estas desapariciones ocurren en un contexto de creciente represión, con calles de Caracas custodiadas por la Guardia Nacional Bolivariana y convocatorias a protestas lideradas por figuras opositoras como María Corina Machado. La comunidad internacional, incluidos organismos como la ONU y la CIDH, ha expresado su preocupación por los actos de represión y las irregularidades en las elecciones.
Por su parte, Edmundo González Urrutia, reconocido como presidente electo por varios gobiernos, ha manifestado su intención de regresar al país para asumir el cargo, pese a las amenazas de arresto por parte de las autoridades venezolanas.
La CIDH calificó estas acciones como «terrorismo de Estado» en un informe reciente, señalando que forman parte de una estrategia para «perpetuar al gobierno ilegítimamente en el poder».
El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió que no se produzcan más represiones en los próximos días, mientras aumenta la presión internacional para que Venezuela garantice el respeto a los derechos humanos y la transparencia política.